EL DEBER.- Las fiscal de Potosí Roxana Choque confirmó el inicio de actuados y anunció allanamientos e inspecciones técnicas en las dependencias de la Gobernación de Potosí para esclarecer el caso de las 41 “ambulancias fantasmas” y la adquisición irregular de otros vehículos.
Las acciones se ejecutan a 40 días de la primera denuncia de este caso. En Potosí existe la percepción de que “hay una protección en favor del gobernador” Jhonny Mamani, quien recibió un voto de confianza de la Asamblea Legislativa potosina, que evitó suspenderlo.
“Estamos en pleno proceso de investigación. Entiendo que la comisión de fiscales está desarrollando varios actuados, entre ellos el secuestro de documentos y más allanamientos a las oficinas de la gobernación”, afirmó la representante del Ministerio Público.
Consultada por los periodistas respecto a las próximas acciones que se asumirán para esclarecer este caso, Choque dijo que “es parte de la estrategia que los fiscales están desarrollando, pues es una atribución de ellos para que se pueda establecer lo que realmente a ocurrido”.
Las fiscales Magaly Luna y Gabriela Quintana secuestraron el martes documentación de la gobernación de Potosí relacionada con este caso. Entonces, evitaron brindar criterios a pesar de la insistencia de los periodistas.
La diputada potosina Lissa Claros, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), lamentó que se “haya demorado tanto en el inicio de los actuados en este caso” y anunció que planteará otros recursos para que el Ministerio Público haga otras verificaciones e inspecciones.
Mamani fue acusado por la legisladora por varios delitos de corrupción debido a que él firmó el contrato con la empresa unipersonal Estefals Logistics para la provisión de 41 ambulancias que nunca llegaron al departamento.
Hay un documento oficial de recepción de estos vehículos y se emitieron cuatro cheques con fondos de la Gobernación para pagar Bs 20,5 millones por estos bienes. Los documentos se firmaron el 31 de diciembre de 2021, pero el Ministerio de Economía frenó ese desembolsó, según constató EL DEBER.
“Esto está avanzando con mucha lentitud y con criterios de protección política. La fiscal Quintana fue quien formuló la imputación para que el exdirigente cívico Marco Pumari sea enviado a prisión y eso nos preocupa”, afirmó.
Por este caso, Mamani enfrenta tres procesos legales. El primero promovido por Claros, el segundo fue planteado por el Comité Cívico, Comcipo y el tercero, a requerimiento de la Asamblea Legislativa Departamental, controlada por el MAS, que a pesar de hallar “graves irregularidades”, evitó la suspensión de la autoridad regional.
El gobernador formuló una primera declaración el lunes, pero la Fiscalía no reportó los resultados de ese actuados y tampoco reveló las próximas citaciones como ocurrió en otros casos.
“Si la autoridad no fuese del MAS y tan cercano al expresidente Evo Morales ya hubiese estado en la cárcel y con muchas repercusiones. Es triste lo que está pasando”, señaló Claros.
